El millonario enredo tiene en el centro de la discusión un extenso terreno en el municipio de Maceo en Antioquia, enfrenta a la multinacional Cemex, a sus ex directivos y la Sociedad de Activos Especiales. 

Cemex quiso comprar 400 hectáreas de terreno para construir una cementera que en el futuro se convertiría en una zona franca con todas las bondades tributarias que le acompañan.

El terreno está a nombre C. I. Calizas y Minerales, una sociedad que incluyó a José Aldemar Moncada, un comerciante que resultó condenado en el escándalo de corrupción de las devoluciones del IVA y las falsas exportaciones de chatarra. 

Ese predio fue sometido a extinción de dominio. 

El “origen” del negocio 

En poder de la Fiscalía está el derrotero de este millonario negoció que arrancó en México y con el apoyo de una reconocida modelo, Montserrat Oliver. Fue ella, supuestamente, la encargada de dar a conocer el proyecto y conseguir la firma del contrato. 

En agosto de 2012 se firma un memorando de entendimiento y arranca la construcción de la cementera, se hacen los primeros desembolsos por siete millones de dólares, tal y como quedó registrado en los correos electrónicos que compartieron directivos de Cemex y que ahora presenta Caracol Radio.

Lea también: La ‘mezcla’ del caso Cemex

Los encargados de hacer realidad el ambicioso proyecto eran dos ex directivos de la multinacional: Camilo González Téllez y Édgar Ramírez Martínez. Los dos encontraron una posibilidad de negocio para la empresa, que hicieron pública a sus superiores y que tuvo como receptor al empresario Eugenio Correa Díaz, representante de C. I. Calizas y Minerales S.A. 

Un enredo millonario 

Cuatro meses después de firmar el primer contrato, en diciembre de 2012, Cemex fue notificada de la decisión que dejaba el predio bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, lo incautaron con fines de extinción de dominio. 

Aunque el argumento de la Fiscalía es que los ex directivos de la multinacional, con imputación de cargos, omitieron o ignoraron el trámite legal para el negocio, estos se defienden con un punto básico, hasta las directivas mundiales de Cemex tenían conocimiento de cada detalle del proyecto. 

Con correos electrónicos, estados financieros, actas y resoluciones, esperan probar que no hubo un acto de mala fe, sino un negocio que al final no resultó como lo esperaban. 

El salvavidas del proyecto 

Ya con el contrato firmado y tras enterarse del enredo del predio, Cemex, lejos de suspender el negocio, siguió adelante con el proyecto. Solicitaron una prorroga para la zona franca que la Dian aprobó mediante una resolución.

Cemex incluso le pidió a la Sociedad de Activos Especiales que los incluyera en el listado de depositarios para administrar el predio, pero se lo negaron.  

Ante la negativa de la SAE los directivos de Cemex tomaron la determinación de firmar un contrato de arrendamiento con el depositario del predio, el señor Yesid Ramírez. ’000.000 por 400 hectáreas, más la posibilidad de avanzar en la construcción del proyecto. 

Recientemente renovaron el contrato, aunque cambiaron el depositario, que ya fue escuchado en interrogatorio por la Fiscalía. El proyecto se mantiene aún con el predio en extinción de dominio. 

Los “correos” de Cemex 

En poder de la Fiscalía están cientos de correos que se cruzaron los directivos mundiales, regionales y locales de Cemex, en ellos se detalla y define cada movimiento en ese millonario negocio. 

Hay nombres como Ramiro Villareal, vicepresidente jurídico Cemex en el mundo, Juan Pelegri directivo Cemex - España, Jaime Elizondo presidente de Cemex - Latinoamérica y el representante por la firma en Colombia, Carlos Jacks. 

En unos correos los directivos explican la importancia de estar pendientes de los procesos que adelante la Fiscalía y de cómo insistir ante el juzgado de extinción de dominio para que el negocio se considere de buena fe y les permitan la tenencia del predio.

Asuntos pendientes 

Lo que no se explican los tres imputados en este caso es por qué, a pesar de tener los soportes y las evidencias que revelan la responsabilidad de más personas, la Fiscalía insiste en mantenerlos por fuera de la investigación. 

Es el caso del ex presidente de Cemex Colombia, el mexicano Carlos Jacks, quien aparece en todos los correos, además en el interrogatorio ante la Fiscalía reconoció autorizar los millonarios pagos para concretar el negocio, cuando conocía de ante mano los problemas legales del predio. 

También está pendiente definir la responsabilidad de funcionarios públicos que a pesar de conocer las medidas cautelares que pesaban sobre el inmueble permitieron que el negocio siguiera su trámite, entre otros el propio depositario del predio, lo arrendó para explotación y la cementera solo pagaba '000.000



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